El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para acabar con el déficit de tarifa y recuadar 2.734 millones de euros netos en 2013, en el que se recogen impuestos a la nuclear, un canon a la hidráulica, un nuevo gravamen del 6% a la producción de energía para todas las tecnologías y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel oil.

Los ajustes para 2013 serán de 5.250 millones brutos, de los que habrá de restar 450 millones de euros de ingresos procedentes de ventas de derechos de CO2 y 2.066 millones del coste financiero de la deuda eléctrica, que asumirá a partir de ahora el Tesoro.

El nuevo gravamen nuclear tiene dos partes, que son un impuesto a la producción de residuos de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado para ingresar 269 millones anuales entre 2013, 2014 y 2015, así como un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.

El canon hidráulico detraerá a los productores el 22% del valor económico de la actividad, que será de 304 millones anuales entre 2013 y 2015.

Además, el Gobierno crea ‘céntimos verdes’ para el gas natural (804 millones), para la generación eléctrica con carbón (268 millones) y para el fuel oil (38 millones de euros).

El impuesto a la venta de electricidad del 6%, de carácter estatal, se aplicará a todas las tecnologías, renovables incluidas, y permitirá ingresar 571,7 millones.

Las energías renovables que utilicen combustible fósil para su actividad no recibirán primas por la parte de producción correspondiente al hidrocarburo, si bien la biomasa quedará fuera de este recorte por su contribución social.

En el caso de la termosolar, en la que el 85% de la producción procede del sol, pero un 15% del gas, la privación de primas sobre este segundo porcentaje tiene un valor de entre 50 y 60 millones de euros.

El Gobierno está estudiando rebajar “a la mitad o menos” el actual umbral por debajo del cual los consumidores tienen derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz, situado en la actualidad en 10 kilovatios (kW). “El objetivo es que las variaciones en el precio de la luz no tengan nada que ver con un acto discrecional del Gobierno”, señaló.

Según el Gobierno, se ha puesto el “objetivo de no trasladar al consumidor el tarifazo eléctrico”, lo que, de haberse hecho, “habría supuesto una subida del recibo del 43% de media”.